Fernando Villavicencio

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El precio pagado por denunciar la narcopolítica en Ecuador 

«Un año y medio es suficiente para acabar con las mafias». Así prometió Fernando Villavicencio, entonces candidato presidencial de Ecuador y reconocido periodista de investigación, en una entrevista con los medios días antes de ser asesinado. De los aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2023, Villavicencio era el que más abiertamente hablaba de la necesidad de combatir el narcotráfico, los cárteles y la corrupción en el Estado. Para Villavicencio, el crimen organizado había penetrado en el Gobierno y se necesitaba una respuesta contundente. «Con la mafia no se negocia, a la mafia se la combate».   

Pocos días después de la entrevista, Villavicencio fue asesinado de un disparo en la cabeza por un sicario colombiano cuando salía de un mitin de campaña en Quito, la capital.  

Antes de su carrera política, Villavicencio había cubierto cientos de casos de corrupción y criminalidad en altos cargos del Gobierno. Una primicia sobre contratos de licitación irregulares condujo a la condena del expresidente ecuatoriano Rafael Correa por cargos de corrupción.  

Villavicencio estaba acostumbrado a estar bajo escrutinio, pero adoptar una plataforma política parece haber elevado su perfil entre sus enemigos y el riesgo al que se enfrentaba. Recibió amenazas de muerte cuando empezó a identificar por su nombre a los grupos del crimen organizado y sus vínculos con el poder político, afirma Christian Zurita, periodista y amigo que sustituyó a Villavicencio como candidato presidencial tras su asesinato. En ese momento, Villavicencio era miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Durante una sesión de la Asamblea en junio de 2022, reveló lo que creía que era una prueba irrefutable de la alianza entre la política y el crimen organizado: en su poder había una fotografía de un miembro de la Asamblea relajándose en la piscina de la residencia de Leandro Norero en Miami. «El Patrón» Norero era el capo de una red de narcotraficantes que había sido detenido un mes antes y después asesinado durante una masacre en la prisión en la que estaba recluido. 

Villavicencio denunció numerosos casos de corrupción y habló públicamente de la implicación de la clase política con intereses narcocriminales. A principios de 2023, descubrió una red de corrupción en torno al expresidente Guillermo Lasso, que se filtró a la prensa, explica Zurita. También presentó un documento ante la Fiscalía en el que se recogían una veintena de casos de candidatos vinculados a la narcopolítica y la salida irregular de prisión de un mafioso albanés. 

En mayo de 2023, Lasso disolvió el poder legislativo en medio de un proceso de destitución por corrupción. Se enfrentaba a acusaciones de irregularidades en licitaciones y nombramientos públicos, y sospechas de turbios vínculos entre su cuñado, un grupo de empresarios y un ciudadano albanés. Este caso fue investigado por la Policía, pero se suspendió inesperadamente.  

En el momento de su muerte, Villavicencio se encontraba bajo protección del Estado e informó a la Fiscalía de un plan para matarlo. Reveló que algunos de sus compañeros asambleístas también conocían el plan y enumeró cinco nombres, cuatro de los cuales formaban parte de la camarilla política de Correa. Uno era el asambleísta que aparecía en la foto como invitado en la casa de Norero en Miami. Como candidato presidencial, también había recibido amenazas de Los Choneros (una banda de narcotraficantes vinculada al poderoso cártel mexicano de Sinaloa), una de las cuales procedía del aspirante a líder de la banda, Junior, que había sido polémicamente excarcelado y posteriormente asesinado a tiros en Colombia.  

Días antes de ser asesinado, Villavicencio se preció de no usar chaleco antibalas ni casco de protección, afirmando en un mitin de campaña que sus seguidores eran su blindaje. Su valentía no pudo evitar lo ocurrido.  

Arrojado a los lobos 

La orden de matar a Villavicencio procedía de una llamada telefónica rastreada hasta una prisión. El atentado fue supuestamente organizado por una organización identificada como Lobos a la Sombra, según explica Zurita. Algunos de los autores tienen presuntos vínculos con otro grupo criminal que opera en Quito con el nombre de Los Lobos, que supuestamente estuvieron detrás de la muerte de Norero. 

En los últimos años, Ecuador se ha convertido en un foco criminal para el narcotráfico. Situado entre dos de los mayores productores de droga del mundo, Colombia y Perú, el país es un corredor para el narcotráfico, y sus puertos, centros neurálgicos del contrabando. Más de 500 toneladas de cocaína entran cada año desde Colombia, y Ecuador es la puerta de salida, sea por vía aérea o marítima. Los grupos de crimen organizado del país se han fragmentado desde 2020 y operan como subcontratistas locales de actores criminales extranjeros, especialmente de México, Colombia y Albania. 

A medida que el país ha ido lidiando con un aumento simultáneo del narcotráfico, la agitación política y la recuperación pospandémica, la violencia en el ecosistema criminal se ha intensificado, con una alarmante escalada de las tasas de homicidio hasta alcanzar los 46,5 asesinatos por cada 100 000 en 2023. Alimentadas por los cárteles colombianos, mexicanos y de los Balcanes Occidentales, las disputas de poder entre grupos criminales han dejado un reguero de sangre, incluso dentro de las cárceles del país, notoriamente peligrosas y superpobladas.  

La dinámica de las bandas cambió en mayo de 2022, cuando Norero fue detenido. Norero era un titán en el firmamento criminal: presuntamente financiaba a tres grupos de crimen organizado (uno de los cuales era Los Lobos), que se habían escindido de la organización matriz, Los Choneros. Esos tres grupos son ahora ramas del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Tras el asesinato del jefe de Los Choneros, amigo de Norero, una disputa por su sucesión enfrentó a Norero con otros dos aspirantes al puesto principal, Fito y Junior, ambos en prisión. Al parecer, Norero se puso en contacto con ambos para mediar en una tregua.  

Su oferta de paz fracasó. El Patrón Norero fue asesinado en la prisión de Cotopaxi. Dieciséis personas murieron en la masacre, sumándose a los más de 400 encarcelados asesinados en Ecuador entre 2021 y 2022.  

La gobernanza de las prisiones es crucial para las bandas de Ecuador, ya que sirven como espacios para llevar a cabo negocios ilícitos, como el tráfico de drogas y el chantaje. Se han convertido en uno de los lugares más violentos del país donde a menudo los grupos criminales toman sus decisiones estratégicas. El nivel de violencia que se vive actualmente en las cárceles ha creado la impresión de que el Estado ha perdido el control sobre las prisiones y que el crimen organizado lleva sus riendas. En julio de 2023, Lasso se vio obligado a decretar el estado de excepción durante 60 días y autorizó a las fuerzas de seguridad a tomar el control de las prisiones.  

Las conexiones entre los distintos grupos criminales y el asesinato de Villavicencio no están del todo claras. Aunque una sola persona apretó el gatillo, Zurita cree que al menos 30 personas podrían haber estado detrás del atentado. Un testigo afirmó que los sicarios recibieron 200 000 dólares por cometer el crimen.  

La investigación del fiscal se ha centrado en los sicarios. El autor de los disparos era un colombiano de 18 años que murió durante el asesinato. Había reclutado a otros cinco sicarios de una zona de Cali (Colombia) azotada por la pobreza y la marginación. Los sicarios fueron detenidos en Ecuador poco después del tiroteo. No era la primera vez que se orquestaban atentados transfronterizos de gran repercusión con la participación de sicarios colombianos en la región. Marcelo Pecci, un fiscal antimafia paraguayo, fue asesinado durante su luna de miel en Colombia en mayo de 2022. En julio de 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su domicilio por un presunto grupo de sicarios, en su mayoría colombianos. Como ha señalado la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional) en su investigación sobre asesinatos vinculados al crimen organizado, la internacionalización de los asesinatos por encargo muestra la facilidad con la que los grupos criminales operan transnacionalmente y cómo su capacidad operativa no se limita a sus áreas de control territorial.  

Dos meses después del asesinato, y cuando la instrucción fiscal previa al juicio estaba a punto de concluir, los seis sicarios detenidos en la prisión de Guayaquil por el asesinato de Villavicencio fueron encontrados ahorcados. Una séptima persona, un ecuatoriano, fue ahorcado en una prisión de Quito al día siguiente. «Han vuelto a matar a Fernando», dijo Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, en reacción a las muertes, mientras se alejaba la posibilidad de encontrar respuesta al asesinato de su marido. Con estas cruciales fuentes de información fallecidas, descubrir al autor intelectual del crimen es cada vez más difícil. 

Antes del asesinato de Villavicencio, se transmitió a la Policía información sobre el atentado inminente durante una investigación sobre dos presuntos narcotraficantes, pero los analistas encargados de transcribir las conversaciones no dieron las alertas necesarias. Hay dudas sobre si el asesinato de Villavicencio y la posterior muerte de los sicarios fueron resultado de un débil control estatal que ha permitido a las bandas armadas hacerse con el control de las prisiones. 

Aún no hay certeza sobre quién estuvo detrás del asesinato. Zurita, sin embargo, cree que el atentado formaba parte de un «gran complot» en el que estaban implicadas varias organizaciones políticas. 

Las elecciones presidenciales de 2023 culminaron con la victoria de Daniel Noboa. Exempresario y legislador, Noboa se convirtió en el presidente más joven de la historia de este país andino asolado por la criminalidad. Al igual que Villavicencio, Noboa prometió que no negociaría con las organizaciones criminales, sino que las combatiría con todo el poder del Estado.  

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Al escribir estas líneas, Ecuador se encuentra sumido en una nueva ola de violencia. En enero de 2024, grupos criminales mantenían como rehenes a más de un centenar de funcionarios de prisiones, y hombres armados interrumpieron una emisión en directo de los medios de comunicación. Fuera de las prisiones, la violencia se ha extendido a las calles. Para el presidente cuyo programa electoral consistía en la promesa de luchar contra el crimen organizado, los retos aumentan a medida que la comunidad internacional observa con perplejidad el destino de un país que se había librado de los niveles de violencia y brutalidad experimentados por sus vecinos a manos de los cárteles de la cocaína. Por el momento, Noboa ha declarado el estado de emergencia, en una medida que refleja la de su predecesor, calificando la situación de «conflicto armado interno».  

El riesgo de una guerra emprendida por el Estado contra el crimen organizado es que probablemente provoque más violencia. Respuestas similares en otros lugares de la región así lo han demostrado. En México, por ejemplo, después de que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico en 2006 y el Estado emprendiera un enfrentamiento militarizado con las bandas, los grupos criminales se fragmentaron, lo que precipitó altos niveles de homicidios y desapariciones. Del mismo modo, Colombia lleva luchando contra el crimen organizado y el narcotráfico desde la época de Pablo Escobar en los años 90, y más tarde se enfrentó a la guerrilla y a los grupos paramilitares implicados en el tráfico de cocaína durante la década de 2000. Si la violencia actual, que persiste obstinadamente mientras Colombia se enfrenta a cientos de organizaciones criminales armadas, sirve de medida, esas políticas estatales de mano dura han fracasado. 

Además de trabajar con proveedores extranjeros en el tráfico de cocaína, los grupos criminales que operan en Ecuador se han diversificado hacia otros mercados, como el tráfico de armas, la extorsión y la minería ilegal. Estos nuevos mercados no solo generan enormes ingresos, sino que también dependen del despliegue indiscriminado de violencia. La escalada de la criminalidad y la violencia ha superado la capacidad del Estado para responder, especialmente en lo que se refiere al control del territorio y las infraestructuras estatales, y a la escasa capacidad de las fuerzas del orden, que se hace patente en la forma en que el sistema penitenciario ha sido capturado por el crimen organizado.  

La crisis actual necesita urgentemente soluciones que vayan más allá de las respuestas militarizadas e incorporen estrategias integrales contra el crimen organizado, incluyendo el fortalecimiento de las fuerzas del orden, la reforma de las políticas penitenciarias, medidas anticorrupción, y, sobre todo, programas basados en evidencia para prevenir y desarticular la violencia. Este enfoque ayudará a salvar vidas ecuatorianas proporcionando oportunidades a los jóvenes, fortaleciendo la resiliencia comunitaria y aumentando la confianza entre los ciudadanos y las instituciones estatales, un pacto que prácticamente se ha desintegrado.