Édgar Quintero

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«Vea sobrina, usted por poquito tiene que ser gobernadora del Cauca. Tiene que ser mejor que yo, que yo no me he matado enseñándole tantas cosas para que no asuma el liderazgo. Mire a Francia [Márquez, la vicepresidenta colombiana]: ella es un logro para nosotros como negros; vea una mujer berraca, que nos enseñó una lección a todos que pensábamos que las mujeres no servían para liderar».

Las palabras de Édgar Quintero resuenan en la cabeza de Carolina Mosquera. Ella lleva unos aretes con el mapa de Colombia y una colorida chaqueta con grabados africanos, estampados que cuentan la historia de su gente negra, de sus luchas, de su resistencia. Durante siglos, grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) han intentado ocupar territorios afrocolombianos denominados Consejos Comunitarios –que tienen su propio gobierno ancestral y un mecanismo de justicia protegido por la Constitución–, amenazando a sus habitantes. Estos hombres silenciaron a Quintero y han intentado hacer lo mismo con su esposa y sus hijos, que huyeron de su hogar. Carolina, su sobrina, que se ha convertido en lideresa de su comunidad a pesar de haber sido desplazada, sabe que querrán hacer lo mismo con ella.

El 15 de mayo del 2022, cuando Quintero, expresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Lomitas, Cauca, regresaba de pastorear sus vacas, vio que se le acercaban unos sicarios. Intentó huir, pero lo alcanzaron y lo dispararon. Al día siguiente, un hombre se acercó y amenazó a Carolina, dándole tres horas para abandonar el lugar. Ese mismo día tomó sus cosas y no ha podido regresar.

La intimidación por parte de grupos armados forma parte de la historia de Lomitas. En el año 2000, muchos de sus pobladores, incluyendo a Quintero, fueron desplazados cuando paramilitares instalaron allí una base. Lomitas es un sector estratégico para los grupos armados y un corredor de narcotráfico entre la Cordillera Central, donde hay cultivos de coca y marihuana, y la zona del Naya, que conecta con el océano Pacífico.

Tras la desmovilización de las autodefensas, entre 2003 y 2006, muchos pobladores regresaron. Uno de ellos fue Quintero, que se puso al frente de las iniciativas de desarrollo previstas en la política de restitución de tierras y trajo proyectos productivos para la comunidad: cultivos de piña y yuca, ganadería, pollos de engorde y lagos con peces. Además, fue el presidente de la JAC de su vereda y era parte del consejo comunitario. Era guardia cimarrón, encargado de velar por su territorio. La guardia cimarrona –similar a la guardia indígena– hace parte de un proceso de fortalecimiento de la justicia ancestral del pueblo negro. Quintero también participó en los procesos relacionados con la intermediación de un acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP, concretamente un plan de reparación para las víctimas de Lomitas.

Sin embargo, no todos los integrantes de las FARC-EP acogieron el acuerdo de paz, y algunos grupos disidentes y otros actores criminales han ocupado el espacio dejado por los antiguos miembros de las FARC, actuando con autonomía en el control de ciertas economías y territorios ilícitos. Hay más de 30 disidencias de este tipo en todo el país, algunas de las cuales no han aceptado el acuerdo de paz o lo han abandonado durante las fases iniciales de desmovilización. Otros actores criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), también tratan de obtener territorios y controlar las economías criminales dejadas por las FARC-EP. Esto, junto con la presunta presencia de narcotraficantes, ha aumentado los niveles de violencia contra objetivos de la sociedad civil. En 2019, la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas por la presunta presencia de la columna Jaime Martínez, disidencia de las FARC, y por el posible reclutamiento de jóvenes para estos grupos, violando el acuerdo de paz.

Ese mismo año, Quintero y varios líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y del movimiento afrocolombiano (entre ellos Francia Márquez, actual vicepresidenta de Colombia; Clemencia Carabalí, fundadora de la Asociación de Mujeres del Norte del Cauca; el consejero mayor de ACONC, Víctor Hugo Moreno, y el reconocido activista Carlos Rosero) estaban reunidos en la finca La Trinidad, en Lomitas, preparándose para los diálogos con el Gobierno, cuando hombres armados irrumpieron disparando y lanzaron una granada. Este incidente marcó una nueva ola de violencia en Lomitas: el 24 de diciembre del 2021, un sicario en moto asesinó a Leonardo Aguilar Rentería, otro líder comunitario. Quintero y otros realizaron una protesta contra la violencia, pero en febrero de 2022, otros dos miembros de la comunidad fueron encontrados muertos. Y en mayo, Quintero se convirtió en la cuarta víctima local, uno de los más de 160 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2022, de los cuales el Cauca es uno de los departamentos más afectados.

Hasta la fecha, no se ha producido ninguna detención por el asesinato de Quintero. La investigación está siendo realizada por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que se ocupa de los casos relacionados con los líderes sociales. Lo que sí tienen claro las personas cercanas a Quintero es que el motivo de asesinato está relacionado con su liderazgo en Lomitas, incluyendo su fuerte oposición a la llegada de disidencias y grupos armados como el ELN y el EPL.

Tras el asesinato de Quintero, la Defensoría del Pueblo recalcó que habían advertido del peligro que corría: «Habíamos advertido del inminente peligro que corría este líder, presidente de la JAC y miembro de los consejos comunitarios Cuenca del Río Cauca y Río Teta. El 9 de agosto de 2021 solicitamos a la institucionalidad mejorar sus medidas de protección», dijeron. Sin embargo, sus peticiones no obtuvieron ninguna respuesta efectiva por parte del Estado, como ocurre con la mayoría de las amenazas a líderes sociales en el país. Un miembro de la comunidad de Lomitas dijo que sabían que varias personas del pueblo estaban siendo amenazadas.

Carolina tiene miedo, pero heredó la valentía de su tío. Toda su familia ha formado parte de este proceso de resistencia y resiliencia, y pretenden continuar la labor de Quintero. «Como mi tío hubiera querido, seguimos en pie», afirma.

«Asesinar a un líder es destruir a su comunidad», dijo Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, una de las tres instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del país creado en el marco del acuerdo de paz de 2016. Y eso intentaron hacer quienes ordenaron la muerte de Quintero: aterrorizar a la población de Lomitas y quitarles la voz con la que reclaman sus derechos territoriales.